Software Libre para la administración pública en Santa Fe: por la independencia tecnológica y el desarrollo local

 Sin embargo, pocos saben qué es el Software Libre y qué consecuencias políticas, sociales y económicas conlleva su incorporación por parte de la administración pública. Sucede que en Argentina –a diferencia de otros países latinoamericanos- la decisión sobre la adopción de Software Libre por parte del Estado es todavía una deuda pendiente.

 

Los programas que usualmente utilizamos para realizar tareas, obtener entretenimiento, etc., son privativos o propietarios. Es decir, debemos adquirir una licencia que nos permite sólo eso, su utilización. Muchas veces, la renovación de la licencia requiere que volvamos a pagar. El software libre, en cambio, puede ser gratuito o pago en primera instancia, pero respeta cuatro libertades del usuario: a)la libertad de ejecutar el programa, para cualquier propósito b) la libertad de estudiar cómo trabaja el programa, y cambiarlo para que haga lo que necesitemos que haga c) la libertad de redistribuir copias para que pueda ayudar a otros, y d) la libertad de mejorar el programa y publicar sus mejoras, y versiones modificadas en general, para que se beneficie toda la comunidad.

 

Al emplear formatos cerrados en la administración pública se genera una dependencia tecnológica en la que el proveedor está en condiciones de dictar unilateralmente términos, plazos y precios. Además, como las empresas que venden las licencias no permiten analizar como funcionan los programas que procesan estos datos, el Estado pierde en parte el control de la seguridad en su procesamiento y administración. Estas empresas licenciatarias son generalmente extranjeras y monopólicas, y la dependencia de las mismas impide que nos aseguremos la autonomía en materia de información, y la posibilidad de construir respuestas locales a las necesidades locales. En este sentido, la adquisición y renovación de licencias para el uso de software privativo implica una gran erogación de recursos públicos que salen del país, sin ningún tipo de beneficio para la economía local.

Es así que sostenemos que el Estado posee diversas razones, políticas y técnicas, para avanzar en la implementación de Software Libre: independencia tecnológica, seguridad y autonomía en el manejo de la información pública, circulación interna de la inversión y promoción de la investigación y desarrollo de la industria del software a nivel local, con la consiguiente generación de trabajo genuino y producción con alto valor agregado.

 

El software privativo reduce nuestras posibilidades de desarrollo de los emprendimientos informáticos, permitiendo sólo la distribución e instalación. Sabemos que en nuestro país y en la región hay profesionales idóneos capaces de crear, administrar e innovar en las necesidades de nuestra gestión, y tenemos la posibilidad de saltar esa brecha informática que nos relega a meros receptores. Mediante la utilización del software libre la economía regional puede verse ampliamente beneficiada, dado que las licencias libres le otorgan al gobierno el derecho a contratar profesionales locales para generar, modificar y adaptar sus sistemas, con lo cual se fomentará la industria tecnológica provincial y el empleo.

 

Es en este sentido que debe evitarse que la inversión que el Estado realice en tecnologías de información sea para el pago de derechos de uso a compańías proveedoras del extranjero, sino que por el contrario, se destine a la contratación de los servicios de profesionales y empresas de la región, revirtiendo el flujo de recursos del Estado hacia el extranjero y permitiendo que dichos recursos sean distribuidos dentro del mismo.

 

Si bien ya existía en nuestra provincia legislación que prevé la utilización de Software Libre en la administración, ésta es incompleta y no ha promovido una efectiva migración. Abrimos el debate mediante estos proyectos, porque creemos que una ley de este tipo no debe ser un accesorio o una declaración de buenas intenciones, sino la apertura de reales políticas públicas que promuevan la incorporación de tecnologías teniendo en cuenta la autonomía, la transparencia y el desarrollo. Es decir, expresión de un Estado provincial que promueve la democratización en el acceso a nuevos lenguajes y herramientas para reducir la brecha digital, impulsor de la sociedad del conocimiento en nuestro país.